En la madrugada del pasado jueves 14 de octubre, los sectores opositores al Gobierno de la Cámara de Senadores de la Nación, con el inestimable apoyo del “vicepresidente opositor”, aprobaron la ley que habilita el 82% del salario mínimo, vital y móvil para los jubilados y su “casi automático” veto de parte de la Presidenta, Cristina Fernández.
Desde el oficialismo se sostiene que es inviable dicha propuesta ya que llevaría no sólo al desfinanciamiento del sistema previsional argentino, sino a la quiebra del Estado. La oposición, por su parte, afirma que “la plata está” aunque no supieron explicar cuánto se necesitaría para financiar el 82%... (poco serio, no?)
Hagamos un poco de números: se asevera que por cada trabajador pasivo se necesitaría 4 trabajadores activos (hoy la relación es de 1,4 activos por cada jubilado). El sistema previsional actual, además de financiarse con los aportes de los laburantes y de los patrones, se financia con impuestos nacionales (IVA, Ganancias y Cheque) en proporciones similares. No hay que pasar por alto, que también es necesario tener en cuenta los altos niveles de trabajadores no registrados: más del 35%.
También es importante remarcar que gracias a la llamada moratoria jubilatoria se incorporaron 2,4 millones de nuevos jubilados, siendo nuestro país, en el concierto de las naciones latinoamericanas, el que tiene la mayor cobertura previsional (90%).
Por ello es necesario llevar adelante un debate serio, ya que se trata de un problema complejo.
No es creíble que aquellos sectores que impulsaron la emergencia previsional (gobierno de Alfonsín); la creación de las AFJP´s y disminución de los aportes patronales (gobierno de Menem); la flexibilización laboral y el descuento del 13% a los empleados públicos y jubilados (Gobierno de De la Rua), ahora estén preocupados por “nuestros abuelitos”. Sin obviar al Grupo Ahhh… que se opusieron a la eliminación de las AFJP´s: se hubieran atrevido a exigirles a éstas el 82% móvil…? Por lo tanto se trata de una movida demagógica y oportunista.
El gobierno nacional, por su parte, debe llevar adelante una reforma impositiva que propugne la creación de nuevos impuestos para modificar el carácter regresivo del sistema impositivo argentino y por ende para disponer de mayores recursos para poder pagar jubilaciones dignas, por ejemplo: impuestos a la especulación financiera o aumentos impositivos a las actividades mineras, sin dejar de pasar por alto ejecutar una agresiva política que erradique el trabajo en negro. Esto no es fácil, por cierto (recordemos cómo terminó el conflicto de la resolución 125 entre el Gobierno y el “Campo”), por ende es necesario el desarrollo de políticas de alianzas con sectores de los denominados de centro izquierda y democráticos, incluso con aquellos que se dejan seducir por la derecha, para poder hacer realidad esta justa reivindicación.
Finalizando, adjunto una síntesis de la historia previsional argentina de los últimos 50 años, para saber de dónde venimos.
1958: Con gran cantidad de aportantes y pocos beneficiarios, Frondizi introduce por ley el 82% móvil.
1962: Se registra el primer déficit del Sistema Previsional que imposibilitaba cumplir con el 82% móvil.
1967: Con incumplimientos y un aluvión de juicios, Onganía declara la inembargabilidad de los bienes de las Cajas Jubilatorias.
Aumenta las contribuciones y la edad jubilatoria y limita el 82% móvil para los superaran los 30 años de servicios.
1973-1983: Se fijó el haber ordinario en el 70% del cargo ocupado al cese de actividad, se incorporó un millón de nuevos jubilados y se eliminaron las Contribuciones Patronales.
1984: Alfonsín reinstaura las Contribuciones Patronales. Se acentúa la crisis de financiamiento. La relación activo pasivo era de 1,9 aportante por cada jubilado.
1986: Alfonsín decreta el Estado de Emergencia del Sistema Previsional. Disminuye los haberes, suspende la ejecución de sentencias e incrementa los aportes patronales.
Las deudas del Estado serán canceladas años después por los Bonos Previsionales del Gobierno de Carlos Menem que, en gran parte, contribuyó a un significativo aumento de la deuda externa.
1994: Menem instaura el sistema mixto, de AFJP y Reparto. Se aumenta la edad de retiro, aumentan las restricciones para acceder al beneficio. Se eleva así el número de excluidos del sistema.
La tasa de cobertura llega a menos del 50%.
2001: De la Rua establece la quita del 13% en las Jubilaciones y los haberes de los empleados públicos para cumplir con la “Ley de Déficit Cero” solicitada por los organismos de crédito internacional.
Miguel Artín
para Sudacaland
Fuente: http://www.anses.gob.ar/que-es-el-82-movil.php
